HOUSTON – El gobierno del presidente Trump redefinió quienes serán las personas consideradas como prioritarias para deportar.
En la orden ejecutiva firmada el pasado 25 de enero y titulada “Mejoramiento de la Seguridad Pública en el Interior de los Estados Unidos”, el mandatario revocó el Programa de Deportación Prioritaria establecida por el presidente Obama en noviembre de 2014 y ordenó el restablecimiento del Programa de Comunidades Seguras.
De acuerdo con ese decreto presidencial, el gobierno Trump establece siete categorías de personas cuya deportación será una prioridad.
La primera de ellas establece que los agentes de la Policía de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) deben remover del país “a toda persona que haya sido condenada por cualquier ofensa criminal”
La segunda establece que serán objeto de deportación prioritaria “quienes hayan sido acusado de cualquier ofensa criminal, donde el cargo no haya sido resuelto”.
El tercer grupo corresponde a las personas “que se hayan visto envueltos en un fraude o una deliberada falsificación en conexión con cualquier asunto oficial o la aplicación ante una agencia gubernamental”.
En la cuarta categoría están las personas que “hayan abusado de cualquier programa relacionado a la recepción de beneficios o ayudas públicas”.
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Así mismo, se la dará prioridad a las personas que tengan orden de deportación, pero que no hayan cumplido la orden de irse voluntariamente del país.
Finalmente, el gobierno establece que deja “a juicio de un oficial de inmigración (el análisis) si la persona representa un riesgo para la seguridad pública o nacional”.
La directiva revocada firmada por el expresidente Obama establecía tres categorías de prioridad para deportar.
La de aquellas personas que hubieran cometido un delito grave, los que hubieran cometido tres o más delitos menores y, finalmente, los que hubieran cometido un delito contra las leyes de inmigración.
