HOUSTON – Tras cerca de un año de haberse aprobado el proyecto HB-11 del representante estatal del estado de Texas, Dennis Bonnen, que supuestamente busca combatir el tráfico humano y de drogas, dicho proyecto ahora es el centro de una polémica que podría afectar a miles de personas en el estado.
Se trata de que un grupo de abogados defensores de los derechos de los inmigrantes ha presentado una demanda impugnando la constitucionalidad de dicha medida, ya que entienden que es sumamente amplia y podría castigar conductas que están permitidas.
En específico, se han levantado serias dudas sobre si la medida podría castigar a personas que renten propiedades a inmigrantes indocumentados o que provean servicios legales o humanitarios.
La medida como tal, busca que personas que ayuden de cualquier forma a una persona a entrar y/o permanecer en el país ilegalmente, y que obtenga algún beneficio económico de ello, sea acusada de cometer un delito grave.
Por esta razón, la parte demandante entiende que arrendadores y personas que ofrecen servicios a indocumentados podrían estar sujetos a estas penalidades y buscan que la ley sea derogada, al menos parcialmente.
De otra parte, los opositores del HB-11 también alegan que regular los asuntos relacionados con la inmigración es tarea del gobierno federal, por lo que tomar este tipo de medidas no le compete al estado de Texas.
Más aún, el mismo Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha sostenido desde el 2012 que los asuntos relacionados con la inmigración le competen a las agencias federales y no a los gobiernos locales.
Inmigración
Por último, las conductas que se regulan en la ley HB-11, en su mayoría, ya estaban cubiertas por legislación local o federal. De esta forma, aducen que realmente no hay necesidad para su vigencia.
Ciertamente, una lectura simple de la ley HB-11 deja claro que la misma podría ser interpretada para iniciar acusaciones criminales contra comerciantes que hagan negocios o brinden servicios a indocumentados en los Estados Unidos. Esto sería totalmente contrario a la constitución, ya que ninguna persona está obligada a preguntar por el estatus legal de otra a la hora de hacer negocios y mucho menos a reportarla a las autoridades.
Esperamos que esta legislación sea derogada total o parcialmente, para evitar futuras injusticias en nuestro estado y en nuestro país. Mientras tanto, sigan manteniéndose informados de todos los acontecimientos que afectan a nuestra comunidad de inmigrantes.
Naimeh Salem, abogada certificada por la Asociación de Abogados de Texas, especializada en el área de inmigración.
