Histórico rechazo a veto de Obama sobre víctimas del 9/11

Por primera vez en ocho años de presidencia de Obama, se invalida una negativa presidencial a una ley.

La Cámara Baja de Estados Unidos votó a favor de anular el veto del presidente, Barack Obama, sobre una ley que permitirá a los estadounidenses demandar al Gobierno de Arabia Saudí por su supuesto papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001 (11S).

Los legisladores de la Cámara de Representantes se unieron a sus compañeros del Senado, que ya votaron contra el veto para, por primera vez en ocho años de presidencia de Obama, invalidar la negativa presidencial a una ley.

Para que entrara en vigor la decisión del Senado, con 97 votos a favor y 1 en contra, era necesario que dos tercios de la Cámara de Representantes votara en el mismo sentido. Horas después la Cámara Baja votó también en contra del veto presidencial con un resultado de 348-77.

Eso marca la primera vez en los ocho años de presidencia de Obama que el Congreso invalida un veto presidencial a una ley.

Con esta invalidación del veto, entra en vigor automáticamente la conocida como "Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo", que permitiría a los familiares de víctimas del 11S interponer demandas en cortes de EE.UU. contra el Gobierno saudí por su supuesto apoyo a los terroristas que perpetraron los atentados.

Obama había vetado un proyecto de ley que hubiera permitido demandar al Gobierno de Arabia Saudí en tribunales estadounidenses por su papel en los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En una comunicación oficial al Senado, el presidente aseguró que no firmaba el proyecto de ley, conocido como "Ley de Justicia contra Promotores del Terrorismo", porque "elimina la inmunidad soberana" de gobiernos que no han sido designados estados promotores del terrorismo por el Gobierno de EEUU.

Obama, que reivindica sus ocho años de campaña contra el terrorismo de Al Qaeda en la misiva, aseguró que esta ley "arrebata el asunto (de hacer justicia por los atentados) de las manos de nuestros profesionales de seguridad nacional y política exterior y las pone en manos de litigantes privados y tribunales".

Una mayoría de congresistas, tanto demócratas como republicanos, considera que hay pruebas de que altos funcionarios saudíes estuvieron implicados en la red de financiación de los atentados del 11S, en los que murieron cerca de 3,000 personas, y que por lo tanto las víctimas tienen derecho a demandas colectivas contra el estado saudí.

Obama argumentó que esta legislación priva a gobiernos extranjeros de protecciones de inmunidad consagradas por la ley, al tiempo que daña las relaciones y la seguridad de diplomáticos y tropas en un país que es un socio y no es considerado promotor del terrorismo a nivel estatal.

Asimismo, la Casa Blanca teme que esta legislación dé alas con la excusa de la reciprocidad a que se demande al Gobierno estadounidense o a sus funcionarios en tribunales de otro país, procesos que la Audiencia Nacional en España inició en el pasado bajo el principio de "justicia universal".

Decenas de familiares de víctimas de los atentados del 11S protestaron el martes frente a la Casa Blanca para pedir a Obama no vetar este proyecto de ley y que se les permita demandar al gobierno saudí en los tribunales estadounidenses, lo que hubiera podido abrir la puerta a una oleada de demandas y peticiones de indemnizaciones.

El director de la CIA, John Brennan, insistió en que la ley tendrá "graves implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos", sobre todo para los funcionarios estadounidenses en el exterior, especialmente los agentes de inteligencia.

"El principio de inmunidad soberana protege a los funcionarios de EE.UU., y se basa en la reciprocidad. Si no respetamos ese estándar para otros países, ponemos en peligro a nuestros propios funcionarios", alertó Brennan en un comunicado.

Además, el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, consideró "embarazosa" la invalidación del veto y aseguró que la decisión del Congreso representa "un abandono de las responsabilidades básicas de las responsabilidades de los legisladores como representantes del pueblo estadounidense".

El Gobierno saudí niega tener lazos con los responsables de los ataques y ha hecho un enorme esfuerzo de presión en Washington contra la ley, que abriría la puerta a una oleada de demandas y peticiones de indemnizaciones de los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre.

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