Venezuela: sigue debate para juicio político a Maduro

CARACAS - Con la intervención de representantes de diversos sectores que denunciaron la crisis institucional que vive Venezuela, la Asamblea Nacional continuó el jueves las deliberaciones sobre un juicio político al presidente Nicolás Maduro por supuesta ruptura del orden constitucional.

La sesión comenzó con casi dos horas de atraso debido a que cientos de simpatizantes del oficialismo trataron de impedir el ingreso de los diputados opositores a la sede del Congreso en el centro de Caracas. Los legisladores de la oposición dijeron que fueron golpeados con palos y tubos mientras intentaban abrirse paso hacia el Capitolio.

El diputado opositor Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea Nacional, al levantar la sesión, recordó que el 1 de noviembre "deberá comparecer el presidente Nicolás Maduro a las 3 de la tarde" para ejercer su derecho a defensa, y destacó que el gobernante ya fue notificado oficialmente de la cita.

Representantes de ciudadanos afectados por supuestas "detenciones arbitrarias", de gremios profesionales y estudiantiles, entre otros, manifestaron su apoyo al Legislativo en la "defensa de la constitución y el rescate de la democracia", indicó Ramos Allup.

Los parlamentarios opositores, que controlan el Congreso por primera vez en 17 años, resolvieron el martes enjuiciar a Maduro después de que un tribunal afín al gobierno bloqueara un proceso de recolección de firmas para activar un referendo con el fin de separar del cargo al gobernante, cuya popularidad se encuentra en niveles muy bajos.

El juicio político podría profundizar la crisis en el país, aunque es poco probable que tenga consecuencias judiciales. La Asamblea Nacional puede iniciar el proceso, pero la ley establece que debe ser avalado por la Contraloría y la Fiscalía General. La decisión final recae en el Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados nunca han votado contra Maduro y son señalados de estar bajo el control del oficialismo.

Los manifestantes partidarios del gobierno comenzaron a replegarse luego de que agentes de la Guardia Nacional reforzaron la custodia del lugar.

La diputada opositora Delsa Solórzano denunció que supuestos "grupos paramilitares del gobierno no nos permitían el paso".

"Asumiendo riesgos yo logré pasar soportando golpes, que me jalaran el cabello, que me gritaran obscenidades", indicó Solórzano en una entrevista telefónica con The Associated Press. Otros diputados opositores lograron ingresar al recinto protegidos por los escudos de los agentes militares, agregó.

La sesión no contó con la presencia de los legisladores oficialistas, que se retiraron de sus escaños bajo el argumento de que "no se alcanzó el quórum necesario".

En medio de una severa escasez de medicinas y alimentos y con la inflación más alta del mundo, diversas encuestas indican que 80% de los electores desean que Maduro abandone el poder.

Decenas de miles de personas salieron el miércoles en Caracas y otras ciudades importantes para exigir que el gobernante deje el cargo. Se registraron decenas de heridos.

Los adversarios de Maduro pusieron fin a esa jornada de protesta con la convocatoria de un "paro ciudadano" el viernes.

"El llamado a paro ciudadano es para el pueblo: a dejar las calles y puestos de trabajo vacíos desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Esto no es un paro patronal o comercial, es un paro de todos", dijo la alianza opositora en un comunicado el jueves.

Al caer la noche en Caracas, los opositores de Maduro denunciaron acoso contra el presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza, luego que agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) se apostaran frente a la vivienda del empresario y los alrededores de la sede administrativa de su grupo de negocios.

Maduro suele acusar a algunos empresarios, en particular a Mendoza, jefe del grupo Polar -el mayor productor de alimentos procesados del país-, de conspirar contra el gobierno.

En la víspera, Mendoza se sumó a la multitudinaria marcha que se realizó en la capital venezolana para exigir que se levante el bloqueo del referendo.

El despliegue de la policía política, en tanto, se produjo horas después que el influyente diputado oficialista Diosdado Cabello advirtiera que las empresas que se sumen a la paralización el viernes serán "tomadas por los trabajadores y la fuerza armada".

"¿Por qué no meten preso a Lorenzo Mendoza, que dice que va a parar sus empresas?", agregó Cabello.

La oposición también convocó para el 3 de noviembre a una marcha hacia el palacio presidencial si el gobierno no revierte la decisión de bloquear el esfuerzo de referendo.

El vicepresidente Aristóbulo Iztúriz advirtió que, como respuesta, los oficialistas llenarán tres avenidas cercanas al palacio de gobierno.

Por su parte, el secretario de la Unasur, Ernesto Samper, dijo en Bolivia que la oposición venezolana está dispuesta a acudir el domingo a un diálogo con el gobierno auspiciado por el Vaticano para buscar una salida a la crisis política.

"He recibido la buena noticia esta mañana (jueves) de que en principio hay una disposición de los sectores de oposición a concurrir al diálogo convocado por el representante del Vaticano en Isla Margarita el domingo", dijo Samper en una rueda de prensa. "El presidente Maduro tiene la disposición de acudir al diálogo".

Mientras los legisladores debatían la mejor manera de forzar la salida de Maduro, el mandatario anunció un incremento en el salario mínimo, el cuarto de este año.

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