HOUSTON - Hace unos días salió a la luz pública que la administración del presidente Biden propuso una nueva regla para revertir una de las medidas más polémicas de su predecesor, Donald Trump. Se trata de la famosa regla de carga pública.
Durante la pasada administración, una de las muchas maneras en las que intentaron reducir la inmigración legal fue a través de la expansión del significado de lo que constituía asistencia pública que descalificaba a los inmigrantes para solicitar la residencia permanente. Naturalmente, el propósito de ese cambio bajo Trump era penalizar a inmigrantes de bajos recursos económicos por recibir ayudas a las cuales tenían derecho.
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Ese cambio afectó la forma en que el servicio de ciudadanía e inmigración (USCIS) debía tomar determinaciones sobre quiénes calificaban para la residencia, alejándose de lo que había sido la norma desde aproximadamente 1999.
Sin embargo, el peor efecto que tuvo la regla de Trump no fue la negación de aplicaciones de residencia, ya que reportes indican que solo 3 aplicaciones de residencia fueron negadas gracias a la misma.
En cambio, muchos inmigrantes decidieron no solicitar asistencia de programas gubernamentales que necesitaban desesperadamente, por miedo a que ello les pudiera descalificar de su residencia permanente en el futuro.
Ahora, el presidente Biden a través del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha vuelto a aplicar la regla de carga pública como siempre lo había hecho, por lo que la regla no es más que una formalidad.
De esta manera, ahora las personas pueden volver a recibir la asistencia que tanta falta les hace sin miedo a las repercusiones migratorias. No obstante, este nuevo cambio propuesto por Biden no le abre la puerta a los inmigrantes para recibir todo tipo de ayudas gubernamentales.
Solamente aquellos programas de beneficios que no sean considerados como ayuda monetaria no tendrán consecuencias migratorias.
En otras palabras, cualquier ayuda que envuelva el desembolso de dinero directamente a los inmigrantes podría activar la regla de carga pública y descalificar a un inmigrante para su residencia.
Por esta razón, les recuerdo que estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal.
Si usted o algún conocido ha iniciado o piensa iniciar cualquier trámite para obtener asistencia gubernamental, y está preocupado por las consecuencias migratorias que esto le pueda traer, les recomiendo que consulten con una abogada o abogado de inmigración con experiencia y debidamente admitido a ejercer las leyes, para que discutan los detalles de su caso.
Por último, nunca confíen sus casos a notarios.
* Naimeh Salem es abogada certificada en Texas y ejerce el área de inmigración en varias ciudades del estado.
