En una reciente entrevista con el programa Meet the Press de nuestra cadena hermana NBC News, el expresidente Donald Trump expresó dudas sobre si los inmigrantes indocumentados tienen derecho al debido proceso legal antes de ser deportados.
“Yo no soy abogado, no lo sé”, respondió Trump cuando la periodista Kristen Welker le preguntó si la Constitución de Estados Unidos protegía a los inmigrantes.
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MIRA AQUÍ GRATIS Sin embargo, abogados constitucionalistas e inmigratorios fueron enfáticos: la Quinta Enmienda de la Constitución es clara y dice que “ninguna persona” podrá ser privada de su libertad sin el debido proceso legal.
La abogada de inmigración Silvia Mintz lo explica: “La Constitución no dice ‘todo ciudadano americano’, dice ‘toda persona’. La intención de los fundadores era que estos derechos incluyeran a todos dentro del territorio estadounidense”.
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SUSCRÍBETE Incluso la Corte Suprema ha sostenido en múltiples fallos que las protecciones constitucionales, incluido el debido proceso, aplican también a no ciudadanos.
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En el caso Zadvydas v. Davis (2001), por ejemplo, el alto tribunal reconoció que los inmigrantes, aunque indocumentados, tienen derecho a un trato justo bajo la ley. Además, en Boumediene v. Bush (2008), la Corte reiteró que la protección del debido proceso puede extenderse incluso a personas detenidas fuera del país, dependiendo del contexto.
Aun así, figuras como Stephen Miller, exasesor principal de Trump, han sostenido que el debido proceso está destinado únicamente a proteger a los ciudadanos del gobierno, no a los “intrusos extranjeros”. Pero esa postura contraviene décadas de jurisprudencia constitucional, dicen los expertos.
Los abogados subrayan que el debido proceso no significa necesariamente un juicio largo, pero sí implica que cada persona tenga al menos la oportunidad de explicar su situación ante un juez.
“Es preocupante que un presidente no sepa que la Constitución protege a toda persona dentro de Estados Unidos, sin importar su estatus migratorio”, son las palabras de la abogada Mintz.
La Corte Suprema y jueces federales han bloqueado intentos recientes de limitar este derecho, reafirmando que, según la ley y la Constitución, ningún ser humano puede ser tratado como prescindible.
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