El gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó hoy la nueva ley electoral del estado en un evento en Tyler y dijo que esta ley garantizará que haya transparencia en el voto y proteger el derecho de los votantes.
El proyecto de ley fue aprobado por la legislatura de Texas después de que Abbott convocara dos sesiones especiales este verano. Pero ya hay repercusiones a la firma de la ley.
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Los demócratas anularon el proyecto de ley en dos ocasiones distintas porque argumentaron que esto hace mas difícil el voto para las minorías. Primero se retiraron en la penúltima noche de la sesión legislativa regular y luego huyeron a Washington al comienzo de la primera sesión especial.
Suficientes demócratas finalmente regresaron a la Cámara de Representantes de Texas para restablecer el quórum para la segunda sesión especial a fines de agosto.
Los republicanos dicen que la nueva ley asegurará las elecciones de Texas, mientras que los demócratas dicen que suprimirá la votación. Pero no hubo evidencia de fraude electoral generalizado en las elecciones de 2020.
La ley eliminará la votación directa, limitará las horas de votación anticipada, dará más libertad a los observadores electorales y hará cambios en el proceso de votación por correo.
Pero MALDEF (Fondo Méxicano Americano para la Defensa Legal y de la Educación), el Brennan Center for Justice de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York y los bufetes de abogados Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP en New York y Weil, Gotshal & Manges LLP en Dallas, Texas, ya presentaron una demanda en el Tribunal de Distrito de los EEUU en San Antonio.
“El proyecto de ley SB-1 reduciría la participación de los votantes y discriminaría por motivos de raza, y por esas razones debería ser anulado en los tribunales. Además de dificultar la votación para todos los votantes, el S.B. 1 está dirigido directamente a latinos y asiáticos estadounidenses con disposiciones específicas que reducen la asistencia a los votantes con un dominio limitado del inglés", dijo Nina Perales, vicepresidenta de litigación de MALDEF.
Según MALDEF, las disposiciones de la SB-1 que podrían hacer más difícil que los votantes emitan su voto figuran restricciones que limitan la asistencia que las personas pueden brindar a los votantes que necesitan ayuda. Dificultaría que los trabajadores electorales mantengan la seguridad y la protección en el lugar de votación. La legislación restringiría la autoridad de los trabajadores electorales para remover a los observadores electorales partidistas que están acosando a los votantes. Además, los trabajadores electorales podrían quedar expuestos a repercusiones legales si intentan limitar el comportamiento de los observadores electorales partidistas. Los empleados de organizaciones sin fines de lucro que ayuden a las personas a votar por correo se arriesgarán a ser acusados de delitos graves, exponiéndose a hasta dos años de cárcel, lo que crea una barrera para los votantes de edad avanzada y los votantes con discapacidades.
