Ultrasonido antes, aborto después

Washington - La Cámara baja del Congreso de Virginia (EE.UU.) aprobó este miércoles una ley que obliga a las mujeres a hacerse una ecografía para ver el estado del feto antes de someterse a un aborto, que contaba ya con el visto bueno del Senado estatal y era defendida por los legisladores republicanos.

La Cámara baja aprobó, no obstante, una versión de la ley distinta a la del Senado que establece que las mujeres deben someterse a una ecografía, pero especifica que el procedimiento vaginal es "opcional", no obligatorio.

La versión aprobada por el Senado levantó mucha polémica porque no establece que la ecografía vaginal pueda ser optativa.

La votación en la cámara baja se había aplazado el martes después de la concentración silenciosa que reunió el día anterior a cientos de mujeres frente al Congreso estatal para protestar por el carácter antiabortista del proyecto de ley.

Pero finalmente los republicanos, que controlan el Congreso de Virginia, consiguieron sacar adelante la ley, cuyas dos versiones deben ser armonizadas ahora para que el texto final sea firmado por el gobernador estatal, el también republicano Bob McDonell.

Otros siete estados de EE.UU., entre ellos Texas, tienen leyes similares que fijan la obligatoriedad de las ecografías antes de practicar un aborto.

El aborto, un tema siempre controvertido en EE.UU., vuelve a estar de actualidad de la mano del aspirante presidencial republicano Rick Santorum, un devoto católico y padre de siete hijos que se opone tajantemente a esa práctica.

Por su parte, el presidente Barack Obama ha expresado en varias ocasiones su compromiso con la protección del derecho al aborto, que es un "derecho constitucional".

De hecho, el Tribunal Supremo de EE.UU. legalizó esa práctica en 1973, a raíz de una sentencia en la que consideró que el aborto es una cuestión del ámbito privado.

Sin embargo, buena parte de los estados del país tienen leyes que exigen servicios de consejería sobre el aborto, restringen el uso de fondos públicos para financiarlo y obligan a tener el permiso de los padres en caso de menores.

Según el Instituto Guttmacher, un grupo de investigación a favor del aborto, entre 1973 y 2008 en EE.UU. se realizaron cerca de 50 millones de abortos legales.

A finales del año pasado, los ciudadanos del estado de Misisipi votaron en contra de una enmienda de ley que buscaba designar el óvulo fertilizado como "persona" y convertir su destrucción en un asesinato sujeto a penas de cárcel.

En caso de que hubiera sido aprobada, Misisipi habría sido el primer estado en criminalizar el aborto en EE.UU.

La postura del gobernador

El Senado, que en la votación de la propuesta se mostró dividido de acuerdo a las líneas partidistas de cada representante, la aceptó casi por completo en este mes, siendo la aprobación del gobernador del estado, Bob McDonnell, uno de los últimos pasos del proceso. La medida ha atraído una gran atención de los medios, incluso este lunes se presentaron manifestaciones afuera de la casa de Estado como señal de protesta. “Si la ley pasa, él la va a revisar en su forma final, solo hasta ese momento” dijo el portavoz del estado con referencia a la postura que tiene el gobernador frente a la misma. Analistas políticos han dicho que la naturaleza y tono de la legislación es particularmente importante para el gobernador McDonnell, porque él es uno de los posibles contendientes a la vicepresidencia por el partido republicano. Solicitar ultrasonidos antes de abortos se ha convertido en una de las principales tácticas del movimiento anti-aborto, que está siendo discutido al mismo tiempo en Oklahoma y Carolina del Norte. Un detalle que hace diferente la ley es que mientras otros estados solicitan que la mujer vea el ultrasonido e incluso hay estados como Texas u Oklahoma en donde el doctor debe poner la pantalla justo en frente de la embarazada obligándola a presenciarlo, esto no es obligatorio en Virginia. Como en otros estados, en Virginia se impone una regla de 24 horas entre el ultrasonido y el aborto, ante lo cual los críticos han dicho que es un gasto innecesario e inconveniente. Pues son las interesadas en practicarse el aborto quienes deben pagar por los gastos.

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