Uber, Lyft y otros servicios de transporte y entrega basados en aplicaciones prevalecieron en las urnas en su costosa apuesta por mantener a los conductores clasificados como contratistas independientes.
Los titanes de la llamada economía de los trabajos a destajo financiaron la medida electoral más cara en la historia de California para eximir a los conductores de ser clasificados como empleados de la compañía elegibles para beneficios y protecciones laborales.
La medida tuvo más del 58% de los casi 11 millones de votos contados hasta el momento.
La Propuesta 22 enfrentó a las empresas de trabajos a destajo, incluidas DoorDash, Postmates e Instacart, contra los sindicatos. Se gastaron más de $225 millones, la gran mayoría por parte de las empresas.
La pregunta de la boleta anula a los legisladores y los tribunales para mantener a los conductores independientes y capaces de establecer sus propios horarios. Si las empresas hubieran perdido, habría invertido su modelo de negocio. Uber y Lyft, con sede en San Francisco habían amenazado con retirarse de California.
La histórica ley laboral estatal conocida como AB5 amenazaba con poner patas arriba los negocios basados en aplicaciones, que ofrece flexibilidad a los conductores para trabajar cuando lo deseen. Pero los conductores renuncian a protecciones como salario mínimo, horas extras, seguro médico y reembolso de gastos.
Los demócratas favorables al trabajo en la Legislatura aprobaron la ley el año pasado para ampliar un fallo de 2018 de la Corte Suprema de California que limitaba a las empresas a clasificar a ciertos trabajadores como contratistas independientes.
Uber y Lyft sostienen que sus conductores cumplen con los criterios para ser contratistas independientes, no empleados. También argumentan que la ley no se les aplica porque son empresas de tecnología, no empresas de transporte, y los conductores no son una parte fundamental de su negocio.
El fiscal general del estado, Xavier Becerra, llevó a las empresas a los tribunales y un tribunal de apelaciones confirmó recientemente un fallo de un juez del Tribunal Superior de San Francisco que dijo que las empresas deben tratar a los conductores como empleados sujetos a las nuevas normas laborales.
La Propuesta 22 exime a las empresas de transporte y entrega basadas en aplicaciones de la ley laboral para mantener a los conductores como contratistas independientes que no están obligados a recibir horas extras, licencia por enfermedad y reembolso de gastos.
También pondrá en marcha políticas que exijan que esas empresas proporcionen “beneficios alternativos”, incluido un salario mínimo garantizado y subsidios para el seguro médico si tienen un promedio de 25 horas de trabajo a la semana.