Muere en manos de ICE inmigrante transgénero de la caravana

Las autoridades aguardan los resultados de la autopsia para saber qué llevó a su muerte.

La muerte de una hondureña transgénero bajo custodia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza generó indignación entre los activistas, los cuales exigieron que los inmigrantes de la comunidad LGBTQ esperen en libertad mientras se resuelve su caso.

La molestia se dio en un contexto en el que el presidente Donald Trump y otras personas critican la práctica de liberar a los inmigrantes en lo que se resuelven sus audiencias de deportación.

Las autoridades federales aguardan los resultados de la autopsia para determinar la causa del fallecimiento de la hondureña de 33 años, quien murió el viernes en un hospital de Albuquerque.

La mujer fue admitida después de presentar síntomas de neumonía, deshidratación y complicaciones vinculadas al VIH.

Algunos activistas la identificaron como Roxana Hernández y dijeron que formó parte de una caravana de migrantes centroamericanos que viajaron a través de México hasta la frontera con Estados Unidos en San Diego el mes pasado. Dicha movilización llamó la atención de Trump, quien tuiteó que no se les debería permitir el ingreso al país.

Las autoridades la registraron bajo el nombre de Jeffry Hernández, y dijeron que fue detenida por primera vez el 13 de mayo en San Diego. Más tarde fue transferida a El Paso, Texas, y luego a un centro de detención en el oeste de Nuevo México, donde fue alojada en la unidad de transexuales.

Es la sexta persona en morir bajo custodia del ICE desde octubre del 2017.

Diecinueve legisladores le enviaron una carta el miércoles a la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, en la que expresaban su preocupación sobre las condiciones en las que se retiene a los migrantes LBGTQ y le preguntaban si son protegidos de posibles maltratos.

“Estos individuos, en especial las mujeres transexuales, son sumamente vulnerables a los abusos, incluida la violencia sexual, mientras están detenidas”, se afirma en la carta firmada por la representante federal demócrata Kathleen M. Rice y 18 legisladores más.

En la misiva se le solicita a la agencia federal utilizar su discreción para liberar a los migrantes que sean considerados de alto riesgo de sufrir maltrato a fin de que permanezcan seguros durante el proceso para definir su situación migratoria.

El Centro Legal para Transexuales, con sede en California, y otros grupos activistas emitieron declaraciones esta semana en las que exigieron que las autoridades de inmigración no detengan a las personas transexuales mientras se revisan sus casos.

“El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas evidentemente no puede detener de manera segura a las mujeres transexuales, y por lo tanto no debería detenerlas en absoluto”, dijo Aaron C. Morris, director ejecutivo de Igualdad Migratoria, un grupo por los derechos de los migrantes LGBTQ con sede en Nueva York.

Por su parte, Anandrea Molina, presidenta de la Organización Latina de Trans en Texas, afirmó: “La comunidad, ahora más que nunca, necesita organizarse para proteger a nuestros más vulnerables, particularmente a las mujeres inmigrantes transexuales que a diario se ven rodeadas de violencia”.

El grupo activista Pueblo Sin Fronteras dice que Hernández se presentó inicialmente ante agentes fronterizos estadounidenses en el puerto de entrada de San Ysidro, California, el 9 de mayo y pidió asilo. El grupo cuestionó si Hernández recibió atención médica adecuada mientras estuvo bajo custodia federal.

El 13 de mayo fue entregada al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que supervisa los centros de detención de inmigrantes. Ambas agencias forman parte del Departamento de Seguridad Nacional.

Según el ICE, a todos los detenidos se les aplican exámenes médicos, dentales y de salud mental en un período de 12 horas tras su arribo a una instalación de detenciones. También tienen acceso a atención médica de emergencia las 24 horas del día.

De acuerdo con las autoridades, la mujer ingresó el 17 de mayo al Hospital General Cibola en Grants, Nuevo México. Ese mismo día fue transferida al hospital de Albuquerque, donde permaneció en la unidad de cuidados intensivos hasta que falleció. Personal de la institución indicó que la causa preliminar de muerte fue un paro cardiaco.

Las autoridades de inmigración dicen que, entre el 2005 y el 2009, Hernández ingresó dos veces ilegalmente a Estados Unidos, y en ambas ocasiones se le permitió regresar voluntariamente a México, pues dijo tener nacionalidad mexicana. A menudo, los migrantes centroamericanos se hacen pasar por mexicanos para no ser enviados de regreso a sus países de origen.

En el 2014 entró ilegalmente por tercera vez y fue deportada, según las autoridades.

Las autoridades dicen además que fue declarada culpable de robo en el 2006 y de prostitución y otros cargos en el 2009, en ambos casos en Texas.

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