Inmigración

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Reporte: Trump infla cifras sobre el costo de la inmigración ilegal

Dice que el país pierde $250,000 millones anuales, dato que ninguna agencia pudo corroborar.

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    Getty Images
    En la foto, el presidente Trump participa de la cumbre del G20, el 30 de noviembre del 2018 en Buenos Aires, Argentina.

    El presidente Donald Trump está difundiendo cifras erróneas al hablar sobre los costos de la inmigración ilegal.

    En su intento de presionar a los demócratas para que aprueben el financiamiento de su anhelado muro en la frontera sur, Trump asegura que el país pierde $250,000 millones anuales debido a la inmigración ilegal.

    Pero el martes aún se desconocía de dónde obtuvo Trump esa cifra, que es sumamente mayor a la de estimados previos.

    “¿Podría alguien explicarle a los demócratas (necesitamos sus votos) que nuestro país pierde $250,000 millones al año a causa de la inmigración ilegal, sin incluir el terrible flujo de drogas? Seguridad fronteriza de máximo nivel, incluyendo el muro, son $25,000 millones. Se paga solo en dos meses. ¡Hagámoslo!”, tuiteó el martes el presidente.

    Las cifras presentadas por Trump dejaron perplejos incluso a algunos de sus partidarios.

    “No estoy seguro de dónde sacó el presidente esas cifras”, dijo Dave Ray, presidente del grupo sin fines de lucro FAIR, Federation for American Immigration Reform, que está a favor de menores cifras migratorias.

    Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron el martes a preguntas sobre de dónde salió el estimado de $250,000 millones.

    Por ejemplo, The Heritage Foundation calculó en 2013 que los hogares encabezados por migrantes que vivían ilegalmente en Estados Unidos representan una carga fiscal neta de alrededor de $54,500 millones.

    Trump mismo ha contradicho su propia cifra.

    Durante su campaña presidencial de 2016, Trump aseguró que la inmigración ilegal le costaba al país más de $113,000 millones al año, menos de la mitad de la cantidad que tuiteó el martes.

    Aparentemente el estimado se basa en un documento de FAIR, que difundió un reporte actualizado en 2017 que aseguraba que los contribuyentes “desembolsan aproximadamente $134,900 millones para cubrir los castos causados por la presencia de más de 12.5 millones de extranjeros ilegales y por los alrededor de 4.2 millones de hijos con ciudadanía estadounidense de padres ilegales” a nivel federal, estatal y local, con “una carga fiscal de alrededor de $8.075 por cada miembro de una familia de extranjeros ilegales y un total de $115,894,597,664”.

    La cifra de $116,000 millones incluía servicios como salud y educación, así como el gasto de agencias como el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, menos los $19,000 millones provenientes de extranjeros que están ilegalmente en el país, pero que pagan impuestos, según la conclusión del grupo.

    Pero también incluyó en su conteo los costos relacionados con los hijos de esos inmigrantes, aun cuando son ciudadanos estadounidenses. El cálculo fue criticado por generalizar y tener otras importantes fallas en su metodología.

    Michelle Mittelstadt, del Instituto de Política de Migración, una entidad apartidista, dijo que las cifras de grupos activistas de ambos extremos del asunto tienen grandes errores “debido a que no ven el otro lado del espectro”.

    “Realizar un análisis riguroso que capte por completo los costos y contribuciones económicas y arroje un impacto fiscal neto es sumamente complicado, porque es mucho más sencillo evaluar la cuestión de costos, particularmente la atención médica y educación no compensadas, de lo que es captar toda la actividad económica que generan los inmigrantes sin autorización”, dijo Mittelstadt en un corre electrónico en el que resaltó “sus papeles no solo como trabajadores y contribuyentes, sino también como consumidores”.

    El Pew Research Center, una organización apartidista, también difundió la semana pasada nuevos estimados de que en 2016 había 10.7 millones de inmigrantes viviendo sin autorización en Estados Unidos, una reducción respecto a su punto más alto de 12.2 millones de personas en 2007, un total que sería menor a las proyecciones de grupos como FAIR.