Abogada: Cambios a carga pública van más allá del tema migratorio

HOUSTON – La más reciente movida del gobierno Trump en materia de inmigración está dirigida a afectar a quienes pretenden entrar al país legalmente o están en el país buscando arreglar su situación migratoria.

Por ello, el servicio de ciudadanía e inmigración de los Estados Unidos (USCIS) anunció una regla final que afectará de manera negativa a cientos de miles, sino millones, de inmigrantes.

Esta nueva regla busca impedir que personas que el gobierno piensa que puedan convertirse en una carga pública obtengan visas o su residencia legal permanente en el país.

El problema está en que para hacer esta determinación, el gobierno utilizará en contra de la persona información que sugiera que ésta se benefició de programas como Medicaid ( excepto mujeres durante su embarazo y hasta 60 días después), estampillas de comida o asistencia de vivienda.

En otras palabras, cualquier persona que haya recibido alguno de estos beneficios podría estar en riesgo de ser catalogada como un riesgo de convertirse en una carga pública en el futuro.

Según los datos del Departamento de Seguridad Nacional, se espera que cerca de 382,000 personas que buscan ajustar su estatus se vean afectadas, pero muchos pensamos que este número podría ser mucho mayor.

Adicionalmente, la mayoría de las personas afectadas serán aquellas que provienen de países pobres o que aún, ya viviendo en los Estados Unidos, siguen teniendo pocos recursos económicos. Por esta razón, algunos defensores de los inmigrantes han llegado hasta a acusar a la administración de discriminar en contra de inmigrantes pobres.

Ahora bien, si bien es cierto que las consecuencias migratorias de esta nueva regulación son devastadoras para aquellos que intentan hacer las cosas bien y obtener sus papeles en el país, el problema mayor es uno que no tiene que ver con su estatus legal.

Esta nueva regla pone en riesgo la salud y el bienestar de estos inmigrantes, ya que muchos de ellos preferirán no solicitar estos beneficios que necesitan para sobrevivir, a cambio de tener una mejor oportunidad de arreglar su estatus legal.

Esto puede causar que muchos de ellos no reciban atención médica para sus enfermedades o condiciones de salud porque no pueden pagarla, no tengan un lugar seguro donde vivir, o que familias enteras no tengan acceso a una alimentación apropiada.

Por esto quiero aclarar que la regulación no incluye como un factor negativo para el inmigrante si utilizo asistencia médica de emergencia.

La nueva regla cobrará efecto el día 15 de octubre de este año, por lo que si usted está planificando someter su solicitud de ajuste de estatus, trate de hacerlo antes de esta fecha y si esto no es posible, y en algún momento recibió asistencia del gobierno, no es recomendable que lo haga sin antes consultar con una abogado de inmigración para que lo ayude a demostrar que aunque este fue el caso en el pasado ya usted no se convertirá en una carga publica en el futuro.

Naimeh Salem es abogada licenciada en Texas que ejerce el área de inmigración en Houston.

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