HOUSTON - Cuando se trata de inmigración, es inevitable que en el debate público y las leyes y reglamentos en sí, siempre haya un intercambio de golpes.
A veces los defensores de inmigrantes conectamos un buen golpe, pero la mayoría de las veces nos golpean peor a nosotros. En esta ocasión, me place comentarles que el golpe que dimos es de nocaut y hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos así lo reconoce.
Después de una larga pelea contra una ley extremadamente vaga, la Corte Suprema de Justicia decidió que dicha ley es inconstitucional debido a que no es clara.
Bajo dicha ley, ciertos inmigrantes no solamente eran puestos en procesos de deportación, sino que por las consecuencias nefastas que tenía, estos inmigrantes tenían pocos o hasta ningún remedio disponible para pelear su caso contra la deportación.
Dicha ley hacia que delitos que aun sin ser violentos, pudieran ser catalogados como tal, lo que a su vez hacía que fueran catalogados como delitos graves, según la sentencia. En otras palabras, si un inmigrante era convicto de uno de estos delitos, quedaba automáticamente condenado a su deportación y sin posibilidad de pedir un perdón.
Solo un 1% de residentes permanentes calificaba para un remedio si cometían uno de estos delitos.
Aunque el tema es uno muy complicado, que hasta a los mismo abogados y jueces de inmigración les da trabajo comprenderlo, aquí les traigo mi explicación.
Inmigración
El mejor ejemplo es el del protagonista del propio caso del que les hablo. Este señor había sido convicto de robo de un edificio en dos ocasiones. Bajo esta convicción, el gobierno lo acusó de haber cometido un delito mayor agravado, porque su convicción era por un crimen de violencia.
Ahora bien, para cometer ese delito, no necesariamente se tiene que recurrir a la violencia, pero bajo la ley que la Corte Suprema acaba de declarar nula, por el mero hecho de que era una posibilidad recurrir a la violencia en un caso hipotético, el robo de edificio si contaba como un crimen violento.
Al analizar el caso, la Corte determinó que este análisis es descabellado, porque permite una interpretación distinta por cada juez de inmigración, sobre qué evento hipotético daría paso al uso de violencia.
Por ello, violentaba el principio constitucional del debido proceso de ley, ya que una persona no podía estar segura de qué conducta le era permitida, sin ser acusada de cometer un crimen violento.
Dicho todo esto, ¿qué efecto tiene realmente la decisión sobre los inmigrantes? Pues uno bastante importante y beneficioso. Resulta ser que personas que fueron deportadas bajo esta ley ahora pueden reabrir sus casos y aquellos que se encuentran actualmente en proceso de remoción podrían terminar siendo liberados y sus casos terminados en la corte.
Ahora bien, como siempre les digo, es importante que antes de tomar cualquier decisión, se asesoren con un abogado de inmigración con suficiente experiencia y buena reputación. En esta ocasión mucho más que en otras, porque este asunto sí que es verdaderamente complejo.
Naimeh Salem es abogada certificada en Texas que ejerce el área de inmigración en Houston. Sus comentarios no comprometen a Telemundo NBC Universal.
