¿Hasta dónde pueden aguantar las ciudades santuario?

HOUSTON - Adentrados ya en el primer cuatrienio del presidente Donald Trump, vemos como poco a poco comienza a mover las piezas en el tablero para adelantar la agenda migratoria que tanto promovió durante su campaña.

Lo que inicialmente comenzó como una cadena de órdenes ejecutivas ya va tomando forma y lo que sigue es prepararse para lo que se va presentando.

La más reciente movida para encaminar los objetivos de las órdenes de Trump viene a manos del fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, quien amenazó con eliminar el otorgamiento de fondos federales a las llamadas ciudades santuario.

Se trata de que, según Sessions, estas ciudades deberían cooperar con las autoridades federales en la detención y entrega de inmigrantes que sean removibles de los Estados Unidos, para poder beneficiarse de dichos fondos federales.

De acuerdo con el fiscal general, un total de 118 localidades a lo largo de la nación se han negado a colaborar con las agencias federales en cuanto a temas migratorios, entre ellas Chicago, Nueva York y Los Ángeles, la cuales cuentan con una gran población latina.

Si se cumple la orden de no otorgar estos fondos federales, los recortes rondarían cerca de los $4,000 millones, lo que no solamente tendría un impacto económico significativo en estas comunidades, sino que a la misma vez generaría malestar entre los ciudadanos de estas localidades, lo que, finalmente, puede provocar que estos ejerzan presión para que los gobiernos locales cedan ante las presiones de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia.

Por el momento, varias de las localidades han reaccionado ante las expresiones del Fiscal General y parecen mantenerse firmes en su posición de no cooperar con el gobierno federal.

Algunos argumentan su posición desde el punto de vista moral y otros defienden sus leyes locales indicando que no son contrarias a la ley federal. No obstante, solamente el tiempo dirá hasta cuándo podrán sostener sus posiciones y no sucumbir ante presiones económicas que los obligarían a realizar labores que realmente no les competen.

En nuestro condado Harris las autoridades están comprometidas con la comunidad inmigrante y han cumplido su promesa de no actuar como agentes de inmigración, eliminando el programa 287(g). No obstante, como siempre les quiero recalcar que la mejor manera de evitar un encuentro con la policía es no cometer ningún delito y seguir todas las leyes de tránsito.

Los invito a que continúen leyendo mis columnas para que tengan el análisis más completo sobre la información más reciente, pero sobretodo, a que no tomen como asesoría legal la información que obtienen en los medios, o de sus conocidos, sino que consulten con un abogado de buena reputación sobre su caso particular.

Naimeh Salem es abogada certificada en Texas donde ejerce el área de inmigración. Sus puntos de vista no comprometen la posición de NBC-Telemundo.

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