HOUSTON – Este lunes marca la fecha clave para que el gobierno de Estados Unidos comience a aplicar el concepto de carga pública para evaluar las solicitudes de aquellas personas que busquen ajustar su estatus legal en el país. Esto, con base en el fallo que emitió la Corte Suprema de Justicia el lunes 27 de enero en una decisión dividida (5-4) entre los magistrados conservadores y los de corte liberal.
Con ello, toda persona que tenga una visa de no inmigrante y busque cambiar su estatus legal al de inmigrante o residente permanente se verá sujeta a un mayor análisis por parte de las autoridades federales.
Sin embargo, entre los factores a considerar por parte de los oficiales de inmigración a la hora de determinar si una persona puede hacerse o no residente permanente, hay algunos beneficios públicos o gubernamentales que no serán tenidos en cuenta.
La razón es que dichos beneficios no constituyen dinero en efectivo o tienen un propósito específico y no representan un ingreso permanente.
Esta es la lista de los beneficios públicos que no quedarán cobijados por la regla que aplicará el Servicio de Inmigración:
- Medicaid y otros seguros y servicios de salud.
- Programa de Seguro de Salud para Niños (CHIP por sus siglas en inglés).
- Programas de nutrición como las estampillas de comida (SNAP, WIC y los de desayunos en las escuelas).
- Beneficios de vivienda.
- Servicios de guardería.
- Programas para el alivio de desastres.
- Asistencia educacional.
- Programas de entrenamiento laboral.
- Compensación por desempleo.
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