HOUSTON - Una de las primeras movidas antiinmigrantes de la administración del presidente Donald Trump fue la cancelación del programa DACA.
Según la recomendación que hiciera el entonces fiscal general Jeff Sessions, al departamento de seguridad interna, la administración entendía que la implementación de DACA era ilegal.
Basándose en parte en esta recomendación, la entonces secretaria del departamento de seguridad interna, Kirstjen Nielsem, procedió a emitir una orden para que el programa quedara cancelado para nuevos solicitantes, y solamente permitiendo renovación del mismo a aquellas personas cuyo DACA expirara dentro de los 6 próximos meses desde la emisión de la orden.
Inconformes con esta decisión, personas afectadas y grupos de interés presentaron demandas en las cortes federales de distrito, para detener la cancelación del programa.
En ese entonces, las cortes de distrito apoyaron preliminarmente a los demandantes y los casos entonces subieron a las cortes de apelaicón. De ahí, los casos llegaron hasta la Corte Suprema, quien los consolidó y tan reciente como el 18 de junio de 2020 emitió una decisión con respecto a la controversia.
Es importante entender que aunque la decisión de la Corte Suprema es, por ahora, una muy buena noticia para los “dreamers,” la misma no es una que pone punto final al debate. Me explico.
En este caso, la Corte debía resolver 3 problemas planteados: 1) si tenía jurisdicción para revisar la cancelación de DACA bajo la ley de procedimiento administrativo; 2) si la cancelación de DACA violentaba dicha ley; y 3) si la cancelación de DACA violentaba la cláusula de igual protección de las leyes. En resumen, la Corte decidió que sí tenía jurisdicción y que la cancelación también violentaba la ley de procedimiento administrativo, pero encontró que no violentaba la cláusula de igual protección de las leyes.
Específicamente, la decisión que tomó la corte no significa que la administración del presidente Trump no puede cancelar el programa DACA. Por el contrario, los 9 jueces y hasta los demandantes aceptan que el presidente sí puede cancelar el programa.
Sin embargo, lo que sí decidió la Corte es que la manera en que el programa fue cancelado violentó la ley de procedimiento administrativo, porque el departamento de seguridad interna no había propuesto una razón legítima para ello.
De acuerdo con la decisión de la Corte, el departamento de seguridad interna falló en demostrar que no había actuado de manera arbitraria y caprichosa al cancelar el programa.
Entonces, ¿qué significa la decisión de la Corte Suprema? Sencillo. La Corte regresó el caso al departamento de seguridad interna para que emita una justificación de por qué está cambiando la política establecida bajo la administración del presidente Obama, hacia los beneficiarios de DACA.
En otras palabras, la administración de Trump ahora tendrá una oportunidad de producir una justificación para la cancelación del programa. Es mi opinión, y la de muchos otros abogados, que una vez la administración emita su justificación, nuevas demandas no se harán esperar y el caso volverá a litigarse en los tribunales.
Sin embargo, nos parece que le queda muy poco tiempo a la administración actual para poder eliminar el DACA de manera legal, así que seguramente esto lo decidirá la próxima administración.
Por ahora celebramos esta victoria, aunque parcial y temporal no deja de ser una victoria para los “dreamers”, sus familias y todos los que los apoyamos. ¡Por ahora, el DACA continua!
- La abogada Naimeh Salem está certificada en Texas y ejerce el área de inmigración en Houston.
