HOUSTON – Un jurado federal declaró culpable a Paul Njoku, de 64 años, dueño y CEO de la agencia de salud domiciliaria Opnet Health Care Services Inc., también conocida como P & P Health Care Services, por cargos relacionados con un esquema de fraude a Medicare que involucró falsificación de documentos médicos, robo de identidad y sobornos.
Durante el juicio de tres días, el jurado escuchó testimonios que demostraron cómo Njoku, junto a empleados bajo su dirección, falsificó órdenes médicas, notas de enfermería y evaluaciones clínicas para justificar el cobro de servicios que no estaban debidamente documentados.
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MIRA AQUÍ GRATIS Entre las prácticas fraudulentas expuestas se encontraba el uso no autorizado de la firma de una enfermera que había dejado de trabajar en la agencia en 2017. Njoku continuó utilizando su firma en documentos presentados entre 2018 y 2019 sin su conocimiento ni consentimiento.
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SUSCRÍBETE Uno de los aspectos más graves del caso fue el testimonio de un testigo que declaró que Njoku sobornó a un médico para aprobar los servicios de salud a domicilio requeridos para facturar a Medicare. Entre 2015 y 2019, Opnet facturó más de $400,000 a Medicare y recibió pagos por más de $360,000, muchos de ellos con documentación alterada o inexistente.
Un representante de Medicare testificó que esos pagos no se habrían realizado si se hubiera sabido que la documentación era falsa. “Es absolutamente esencial que los estadounidenses confíen en la integridad de los proveedores médicos que reciben fondos públicos,” afirmó el fiscal federal Nicholas J. Ganjei. “El veredicto de hoy representa un paso importante para restaurar esa confianza.”
La defensa intentó desviar la culpa hacia otra persona, pero el jurado desestimó esa versión y emitió un veredicto de culpabilidad tras menos de dos horas de deliberación.
Njoku enfrentará una pena máxima de 10 años por conspiración para cometer fraude en el cuidado de la salud, cinco años por cada uno de dos cargos de declaraciones falsas relacionadas con servicios médicos, y dos años adicionales por el robo de identidad, que deberán cumplirse consecutivamente. Cada cargo también conlleva una posible multa de hasta $250,000.
La sentencia será determinada en una fecha posterior por el juez federal Alfred H. Bennett.
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