
HOUSTON - En un operativo realizado entre el 19 y el 30 de mayo, la oficina de Houston del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) deportó a 142 inmigrantes con antecedentes criminales, todos originarios de México. Según el comunicado oficial, estas personas acumulaban un total de 473 condenas por delitos que van desde abuso sexual infantil hasta tráfico de personas, narcotráfico y violencia doméstica.
Entre los casos más alarmantes reportados por las autoridades migratorias, destacan 11 personas condenadas por crímenes sexuales contra menores y 8 individuos identificados como miembros de pandillas transnacionales. Además, un inmigrante en particular fue deportado tras haber ingresado ilegalmente a Estados Unidos en al menos 21 ocasiones, reflejando una preocupante falta de control fronterizo.
Noticias Texas 24/7 en Telemundo Houston.

Las cifras también revelan un patrón de reincidencia. En conjunto, los 142 deportados habrían cruzado la frontera ilegalmente en 480 ocasiones.
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“Lamentablemente, esto no es un caso aislado”, dijo Bret Bradford, director de la oficina de ICE en Houston. “Millones han ingresado al país en los últimos años, incluyendo personas con antecedentes peligrosos que representan un riesgo para la seguridad pública”.
De acuerdo con los registros divulgados por ICE, los delitos cometidos por este grupo incluyen:
- 11 condenas por abuso sexual infantil
- 76 por conducir bajo los efectos del alcohol (DWI)
- 30 por robos y delitos contra la propiedad
- 22 por tráfico o contrabando de personas
- 43 por violencia doméstica y asaltos agravados
- 48 por delitos relacionados con drogas
- 99 por entradas ilegales o reingresos tras deportación
Uno de los deportados, identificado como Luis Angel García-Contreras, de 40 años, es un presunto integrante de la pandilla Sureños 13 y había sido condenado por reingreso ilegal en cuatro ocasiones. Otro caso destacado es el de Benito Charqueno Zavala, de 60 años, quien había sido condenado por abuso sexual continuo de un menor.
ICE señaló que estas deportaciones representan solo una “instantánea” de un problema más amplio, centrado en la reincidencia criminal y la movilidad transfronteriza de personas con historial violento. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos migratorios han señalado en el pasado que este tipo de comunicados deben analizarse con contexto, ya que pueden generar percepciones negativas generalizadas sobre comunidades enteras.
La agencia federal concluyó que continuará enfocando sus esfuerzos en identificar y remover a personas con antecedentes penales graves, aunque reconoció que el desafío es estructural y no se limita a un solo operativo.
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