HOUSTON - Una de las primeras cosas que hizo el presidente Joe Biden tras tomar el juramento para su cargo, fue revocar una orden ejecutiva del gobierno Trump que buscaba la deportación del mayor número de personas posibles de los Estados Unidos.
Bajo esta nueva visión, el Secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) emitió unos lineamientos para la aplicación de las leyes de inmigración en enero de 2021, al igual que el director interino del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
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El razonamiento para esta nueva política es uno muy simple: no todos los inmigrantes que son removibles de los Estados Unidos merecen serlo y el gobierno simplemente no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo.
De esta manera, bajo estos nuevos parámetros, aquellos inmigrantes con situaciones particulares no serían injustamente castigados y el gobierno podría manejar de mejor forma los casos de aquellos inmigrantes que si merecen ser expulsados del país.
Sin embargo, estados como Texas y Louisiana, no estuvieron de acuerdo con estas razones y demandaron al gobierno federal para que estos nuevos lineamientos no entraran en vigor.
El resultado de esa demanda fue un interdicto preliminar emitido por un juez de Distrito Federal, que detenía los mismos.
Afortunadamente, el Circuito Quinto de Apelaciones entendió mejor de lo que se trataban estos lineamientos y decidió mantenerlos en vigor mientras los méritos del caso se resolvían.
Cabe destacar que, como parte de esta batalla, Texas y Louisiana sí lograron que se eliminara una provisión de la política de Biden que detenía las deportaciones por un periodo de 100 días.
Recientemente, luego de esta batalla legal, el nuevo secretario de DHS, Alejandro Mayorkas, emitió un nuevo memorando con lineamientos para la aplicación de las leyes migratorias que está sujeto a cobrar vigencia el 29 de noviembre de 2021.
Aunque dicho memorando es muy similar al anterior, sí contiene unas diferencias que vale la pena recalcar.
Ambos memorandos dividen las categorías de individuos a los que el gobierno interesa deportar en tres grupos: inmigrantes que sean (a) una amenaza a la seguridad nacional; (b) una amenaza a la seguridad pública; o (c) una amenaza a la seguridad fronteriza.
Aquellas personas que sean terroristas, o hayan apoyado terroristas, o sean espías, serán catalogados como una amenaza a la seguridad nacional.
De otra parte, aquellos inmigrantes que hayan entrado a los Estados Unidos en o después del 1ro de noviembre de 2020, serán catalogados como una amenaza a la seguridad fronteriza. Esto es consistente con los lineamientos anteriores.
Ahora bien, el lineamiento que tiene que ver con la seguridad pública, se limitaba a personas que hubieran cometido un crimen agravado bajo los lineamientos anteriores, pero ahora se extiende a personas que hayan cometido crímenes serios, o que tengan un historial criminal serio.
No obstante, el nuevo memorando del secretario Mayorkas también extiende la discreción de los oficiales migratorios para evaluar estos casos, y hace énfasis en un balance de factores que podría resultar en beneficio de los inmigrantes.
Por ejemplo, el secretario Mayorkas enfatiza que una convicción criminal por sí sola no necesariamente implica que una persona será procesada para la expulsión, sino que el oficial migratorio deberá contemplar, además, factores positivos como el tiempo de residencia en el país, factores humanitarios y los lazos familiares y/o comunitarios, entre otros.
A final de cuentas, estos lineamientos para la aplicación de las leyes de inmigración han abierto la puerta para muchos inmigrantes con casos de deportación activos o que ya fueron ordenados expulsados.
Muchos ya han logrado reabrir sus casos o convencido a DHS de desestimar los procesos en su contra, brindándole la oportunidad de aplicar para beneficios con la Agencia de Servicios de Inmigración y Aduanas (USCIS por sus siglas en inglés), por ejemplo.
Me sospecho que una vez los nuevos lineamientos cobren vigencia, la puerta se abrirá aún más, ya que los oficiales de inmigración tendrán más discreción para tomar en cuenta factores positivos de los inmigrantes en cuestión.
Como siempre les recuerdo, estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal. Si usted o algún conocido ha iniciado o piensa iniciar cualquier trámite migratorio, en especial aquellos discutidos aquí, les recomiendo que consulten con una abogada o abogado de inmigración con experiencia y debidamente admitida a ejercer las leyes, para que discutan los detalles de su caso. Por último, nunca confíen sus casos a notarios.
