Tras el reciente cambio en el clima político de los Estados Unidos, muchas personas han dado un respiro de alivio y se sienten mucho más optimistas sobre el porvenir del país.
No obstante, el pasado jueves, 4 de marzo, nos trajo un recordatorio que nos obliga a regresar los pies a la tierra.
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Se trata de una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde la mayoría republicana (parte de la cual fue nominada por el expresidente Trump) decidió en una votación de 5-3, dificultar más los procesos migratorios para los inmigrantes.
Por esta razón, aunque sí se logró el cambio político que necesitábamos, todavía tenemos que lidiar con los vestigios de la pasada administración.
Veamos de qué se trata la decisión.
Ciertos inmigrantes que han residido en los Estados Unidos desde hace más de diez años, califican para un perdón en las cortes de inmigración llamado la Cancelación de Remoción.
Este perdón es lo que comúnmente se le conoce como la “ley de los diez años.”
Entre los requisitos principales para poder obtener este perdón se encuentran estar en procedimientos de remoción y no haber sido convicto de uncrimen mayor agravado o crimen de torpeza moral.
El caso que decidió la Corte Suprema trata sobre un hombre que había residido en el país por cerca de 25 años y que firmó un acuerdo en un caso criminal que fue determinado como un delito de torpeza moral. Con esa determinación, el hombre fue puesto en procedimientos de remoción, pero no calificó para solicitar el perdón, debido a sus antecedentes penales por culpa de ese acuerdo.
De acuerdo con el argumento que presentó el hombre frente a la Corte Suprema, el delito sobre el cual él firmó el acuerdo no constituye un crimen de torpeza moral y, en segundo lugar, alega que es al gobierno a quien le corresponde probar que sí lo es.
Sin embargo, la Corte Suprema no estuvo de acuerdo con él, y determinó que el peso de la prueba para determinar si un delito es o no es un crimen de esa naturaleza descansa sobre el inmigrante.
De esta manera, la decisión de la corte dificulta muchísimo más las probabilidades de éxito de aplicaciones para este tipo de perdones para inmigrantes que llevan muchos años en el país.
Aquellos que conocemos y defendemos los derechos de los inmigrantes entendemos que esta decisión es una sumamente injusta, ya que impone mucha incertidumbre en los procesos migratorios.
Muchos de estos acuerdos o convicciones son muy viejos y la información acerca de qué fue lo que sucedió ya no es accesible.
Muchos registros de la policía y las cortes ya no existen o hasta posibles testigos ya han muerto o no se encuentran disponibles por la razón que sea.
De esta manera, resulta sumamente difícil para los inmigrantes probar su caso, especialmente, cuando el gobierno ha tardado mucho en iniciar procedimientos de remoción en su contra.
Por esta decisión, entre muchas otras razones, es muy importante consultar con un abogado experto en inmigración antes de aceptar hacerse culpable de cualquier cargo criminal. Recuerden que estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal.
