Sube cifra de muertos por desplome de dos edificios en Brasil

El derrumbe dejó al desnudo la precariedad de las construcciones en el país.

Los rescatistas trabajan el sábado en una carrera contra el tiempo para encontrar con vida a 16 personas desaparecidas bajo los escombros tras el derrumbe de dos edificios en Río de Janeiro.

El desplome del viernes dejó hasta el momento ocho muertos y 10 heridos. Los dos últimos decesos fueron de lesionados que eran atendidos en unidades de salud, informaron las autoridades el sábado.

El desplome afectó a dos edificios de cuatro pisos, que según el alcalde de Río de Janeiro Marcelo Crivella fueron construidos sin los permisos del gobierno en Itanhangá, una zona del oeste de la ciudad golpeada recientemente por lluvias intensas e inundaciones.

Más de 100 bomberos y miembros de defensa civil y la policía civil y ambiental trabajaban con perros rastreadores, drones y helicópteros. Los edificios colindantes fueron evacuados por riesgo de que se produzcan nuevos derrumbes.

El coronel Luciano Sarmento, coordinador de las operaciones por parte del cuerpo de Bomberos, dijo que la situación “es difícil, pero propicia para encontrar sobrevivientes”.

“En los escombros pueden haberse formado células con pequeños habitáculos que permitan respirar. El tiempo es nuestro enemigo, pero existen casos de personas que sobrevivieron en desastres de este tipo hasta siete días después”, aseguró Sarmento.

Según una nota oficial, las construcciones fueron erigidas en una zona de “alto y medio riesgo de deslizamiento”, en una zona considerada de protección ambiental. En noviembre pasado, los predios habían sido clausurados de acuerdo con la alcaldía. Sin embargo, las viviendas fueron ocupadas y se violó la restricción.

El accidente expuso la mala calidad de la infraestructura en áreas precarias y la ausencia de un poder de fiscalización efectivo del gobierno en un área que está bajo el control de milicias.

La acción de grupos paramilitares es un problema creciente en el estado de Río, lo que obliga a muchos vecinos a vivir casi como rehenes de milicianos y pagar “impuestos” y otras tasas impuestas por la fuerza.

Según el ministerio de Seguridad, las milicias controlan cerca de una cuarta parte del territorio del estado.

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