San Salvador — Los constantes choques entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y la bancada opositora de la Asamblea Legislativa parecen haber alcanzado un punto crítico este domingo.
El presidente Bukele entró al Parlamento custodiado por militares de la Policía y la Fuerza Armada y advirtió que los diputados que no acudieron a la sesión para discutir un préstamo que financie un plan contra las pandillas rompieron "el control constitucional".
Esta acción no fue bien recibida por José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, quien aseguró en su cuenta de Twitter que Bukele "decidió intimidar al Congreso, rodeándolo e invadiéndolo con militares".
La discusión sobre el polémico préstamo de 109 millones de dólares no pudo realizarse por falta de cuórum, ya que solo se presentaron 20 de los 84 diputados.
Amparándose en la Constitución, el Consejo de Ministros del gobierno de Bukele convocó a la Asamblea Legislativa a una reunión extraordinaria para analizar la aprobación del préstamo, pero los diputados rechazaron el llamado, declarándolo improcedente.
En respuesta Bukele invocó el artículo 87 de la carta magna que reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, “para el solo objeto de restablecer el orden constitucional”, y convocó a la población a reunirse el domingo en la tarde frente al palacio legislativo.
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La tensión se incrementó el sábado por la noche luego de que unos pocos diputados atendieran la convocatoria realizada por el presidente del parlamento, Mario Ponce, a una sesión extraordinaria, para tratar de aprobar el préstamo de 109 millones de dólares que Bukele considera urgente para implementar la tercera fase de su plan de seguridad.
El dinero se usaría para la compra de helicópteros, patrullas, uniformes, equipos de visión nocturna para los policías y un buque para búsqueda y rescate, al igual que un moderno sistema de videovigilancia.
“El orden constitucional aún no se ha roto, la convocatoria está vigente y la plenaria debe de realizarse el domingo a las 3 de la tarde. Si los diputados no asisten, estarían rompiendo el orden constitucional y el pueblo tendrá facultad de aplicar el artículo 87 de la Constitución”, afirmó el mandatario en Twitter.
El gobierno movilizó a la policía y a los militares, y desde el sábado acordonó la zona donde se ubica el palacio legislativo. Los diputados opositores han denunciado acoso cerca de sus hogares.
En pronunciamientos separados, la Fuerza Armada de El Salvador y la Policía Nacional Civil reiteraron su lealtad a Bukele.
Entretanto, el partido derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), que anunció que no votaría a favor de la petición del gobierno, pidió al secretario general de la OEA que active los mecanismos preventivos establecidos en la Carta Democratica Interamericana para evitar el rompimiento del orden constitucional en El Salvador y “se actúe para suspender de inmediato el proceso de autogolpe actualmente en curso”.
Por su parte, el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el que alguna vez militó Bukele, emitió un comunicado en el que le exigió al mandatario “frenar sus amenazas, propias de una dictadura. Los costos políticos de sus acciones podrían ser elevados para el país, pero también para él”.
La Asamblea Legislativa está integrada por 84 diputados, de los cuales Arena tiene la mayoría con 37 y el FMLN 23, y con ellos controlan las decisiones en ese órgano.
Arena y el FMLN se han negado a dar los votos para este préstamo, pese a que sólo sería el primer paso en el que únicamente se autorizaría al gobierno a negociarlo. Posteriormente sería necesaria su ratificación con un mínimo de 65 votos.
