WASHINGTON - El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, respaldó este martes la respuesta del Gobierno del presidente Donald Trump a las protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd, y defendió la actuación de la justicia en los casos contra los asesores presidenciales Roger Stone y Michael Flynn.
"Desde cuándo está bien intentar quemar un tribunal federal", respondió Barr a los congresistas en su primera comparecencia ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que también respondió a los cuestionamientos sobre el manejo de la pandemia.
Barr fue citado por los legisladores a testificar acerca de la actuación del Ejecutivo frente a las movilizaciones que han estremecido al país en las últimas semanas después de que Floyd muriera cuando era detenido por la policía en Mineápolis.
La audiencia, que se extendió durante más de cinco horas, estuvo marcada por choques entre el fiscal y los legisladores demócratas, mientras sus colegas republicanos tildaban de violentas las movilizaciones y responsabilizaban a la izquierda de convocarlas.
Las protestas, que han bajado en intensidad en ciudades como Nueva York o Washington DC, se mantienen en las calles de Portland (Oregón), a donde el Gobierno ha desplazado unidades federales para dispersarlas.
Trump ha amenazado además con aumentar la presencia federal en ciudades gobernadas por líderes demócratas, para atajar lo que ha descrito como un aumento de la criminalidad y la violencia.
MANIFESTANTES VIOLENTOS
El fiscal general se quejó de que tras la muerte de Floyd, "violentos alborotadores y anarquistas han secuestrado protestas legítimas para causar estragos y destrucción sin sentido en víctimas inocentes".
Al plantar cara ante las críticas sobre la presencia policial federal en ciudades como Portland, Barr puntualizó que les preocupa que este problema "haga metástasis en todo el país".
"En un lugar como Portland, donde no tenemos el apoyo del gobierno local, tenemos que tomar una posición y defender esta propiedad federal", afirmó.
Barr calificó como "extremadamente irresponsable" los pedidos de quitarle fondos a la Policía.
"La demonización de la Policía no sólo es injusta e inconsistente con los principios de que todas las personas deben ser tratadas como individuos, sino que también es gravemente perjudicial para las comunidades en los centros urbanos", alegó.
"QUÉ VERGÜENZA"
El presidente del Comité Judicial, el demócrata Jerrol Nadler, inauguró la comparecencia con un duro alegato en contra del funcionario y del Gobierno, entre otras cosas, por el manejo de la pandemia y por difundir "desinformación" sobre un supuesto fraude electoral.
Nadler subrayó que bajo el liderazgo de Barr el Departamento de Justicia "ha puesto en peligro a los estadounidenses y ha violado sus derechos constitucionales", al "inundar" las calles con fuerzas federales para "reprimir por la fuerza y de manera inconstitucional la disidencia".
Pero también le achacó interferir personalmente "una y otra vez" en las investigaciones en curso "para proteger al presidente y sus aliados de las consecuencias de sus acciones", y de reemplazar incluso a investigadores y fiscales que se opusieran a ello.
"El mensaje que estas acciones envían es claro: en este Departamento de Justicia, los enemigos del presidente serán castigados y sus amigos estarán protegidos sin importar el costo", dijo el congresista, quien acusó a Barr de proyectar miedo y violencia "en busca de darle objetivos políticos obvios".
"Debería darle vergüenza", sentenció el líder demócrata, quien agregó: "El presidente quiere imágenes para sus anuncios de campaña y parece que usted se las está entregando".
RACISMO Y HASTA VENEZUELA
Entre los momentos de mayor tensión de la sesión estuvieron los intercambios que el fiscal general protagonizó con las congresistas Pramila Jayapal y Debbie Murcasel-Powell, nacida en Guayaquil (Ecuador).
Mientras Jayapal criticó la "discrepancia" en la respuesta a las manifestaciones, al ilustrar cómo el Gobierno federal no intervino durante las manifestaciones en contra del confinamiento en estados como Michigan, liderado por la gobernadora demócrata Gretchen Whitmer, pero sí contra las movilizaciones raciales.
"Cuando hombres blancos con evásticas asaltan un edificio del gobierno con armas, no hay necesidad de que el presidente 'lo active'", afirmó la legisladora sobre un comentario de Trump de poner en acción al fiscal general.
Jayapal se quejó de que cuando los "negros y la gente de color protestan contra la brutalidad policial, el racismo sistémico y la propia falta de respuesta del presidente" sí los sacan "por la fuerza con oficiales federales armados" y gases pimienta, en alusión al episodio cuando se despejó un parque frente a la Casa Blanca.
Murcasel-Powell, quien representa a Florida, difundió imágenes en las que se compara la respuesta a los manifestantes en Portland con la actuación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, frente a los manifestantes en su país, y lamentó el manejo de la COVID-19 en su estado, donde se han disparado los contagios.
DEFENSORES DE BARR
La defensa más enconada del fiscal general estuvo por cuenta del principal republicano en el Comité Judicial, Jim Jordan, quien acusó a los demócratas de atacar a Barr por señalar que hubo espionaje durante la campaña electoral de 2016.
"Te han estado atacando desde entonces simplemente por decir la verdad de que la administración Obama-Biden espió la campaña de Trump", sentenció Jordan, quien presentó un video sobre episodios violentos en medio de las protestas ocurridas en distintos puntos del país y cómo en varias entrevistas se denominaron "pacíficas".
Además, Barr negó que hubiera un racismo sistémico en los departamentos de policía.
La audiencia marcó la primera presentación de Barr ante la comisión judicial de la Cámara de Representantes tras 18 meses en su puesto. Los demócratas en el Congreso acusan a Barr de tomar acciones politizadas en el Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia se esfuerza por diferenciar entre la violencia creciente en algunas ciudades y la muerte de Floyd, por la cual están acusados ante la justicia estatal cuatro agentes de policía y también es objeto de una investigación federal.
Según una fuente de AP, el gobierno del presidente Donald Trump inició negociaciones con la oficina de la gobernadora de Oregon y señaló que empezaría a disminuir la presencia de agentes federales que fueron desplegados para sofocar dos meses de protestas en Portland si el estado aumentaba su propia actividad policial, informó el martes un funcionario de alto rango de la Casa Blanca.
El funcionario enfatizó a The Associated Press que las negociaciones con la oficina de la gobernadora Kate Brown están en las primeras etapas y que de momento no se ha alcanzado un acuerdo. El funcionario no estaba autorizado para discutir públicamente conversaciones privadas, por lo que pidió hablar bajo condición de anonimato.
Brown no respondió de momento a solicitudes de comentarios el martes. La oficina del alcalde de Portland, Ted Wheeler, tampoco contestó a un correo electrónico.
Apenas un día antes, el Servicio de Alguaciles Federales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) sopesaban si enviar más agentes. Los alguaciles tomaban medidas para identificar hasta 100 personas adicionales que podrían ir al estado en caso de que fueran necesarios para relevar o apoyar a los agentes que trabajan en Oregon, dijo Drew Wade, portavoz de la dependencia.
El DHS consideraba una medida similar con los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de acuerdo con un funcionario del gobierno con conocimiento directo de los planes, quien no estaba autorizado para comentar públicamente sobre ellos y habló con la AP bajo condición de anonimato.
Trump no dejó de criticar a las autoridades locales por su manejo de las protestas que comenzaron luego de la muerte de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis y que han crecido hasta incluir la presencia de agentes federales en Portland y otras ciudades gobernadas por demócratas.
Las protestas nocturnas a menudo se tornan violentas debido a que los manifestantes atacan el tribunal federal de la ciudad con rocas, pirotecnia y apuntadores láser, y los agentes federales responden con gas lacrimógeno, municiones menos letales y arrestos.
