WASHINGTON DC - Los gobiernos de Arizona, Louisiana y Missouri presentaron este lunes una demanda contra el gobierno del presidente Joe Biden por su decisión de suspender el uso de una norma sanitaria bajo la cual casi 1.7 millones de migrantes han sido expulsados de forma rápida durante los últimos dos años.
La demanda judicial ante el Tribunal Federal del Distrito Este de Louisiana la encabeza el fiscal general de ese estado, Jeff Landry, y la acompañan sus pares de Arizona, Mark Brnovich, y de Missouri, Eric Schmitt.
Los fiscales consideran que "la revocación del Título 42 resultará en una crisis sin precedentes en la frontera sur con un impacto devastador no solo en los estados fronterizos sino en todo el país", según el comunicado de la Fiscalía de Arizona.
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QUÉ ES LA NORMA DE TÍTULO 42
El gobierno de Biden anunció recientemente que en mayo cesará el uso de la norma, conocida como Título 42, que es parte de la ley de Salud Pública de 1944 y autoriza, de manera temporal, la expulsión de extranjeros por razones sanitarias.
El gobierno del entonces presidente Donald Trump (2017-2021) recurrió a esa norma en marzo de 2020, en los comienzos de la pandemia del COVID-19 y Biden ha seguido usándola aunque la pandemia se ha atenuado.
Sin embargo, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) explicaron que, dada la evolución de la pandemia y la cobertura de vacunación en el país, los migrantes ya no suponen un riesgo sanitario, por lo que en mayo levantarán el Título 42.
"Si bien es difícil identificar la acción más irresponsable del presidente Biden desde que asumió el cargo, la rescisión del Título 42 es, sin duda, una de las peores", afirmó Brnovich.
Por su parte el fiscal general de Missouri, Schmitt, indicó que "el Título 42 es una herramienta crucial en el control del flujo de inmigrantes ilegales a nuestra frontera sur".
Entre los demandados se cuentan el presidente Biden; el secretario de Salud, Xavier Becerra; el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y el jefe de la Patrulla Fronteriza, Raúl Ortiz.
Una funcionaria afirmó recientemente que el gobierno federal se está coordinando para "estar preparados ante cualquier aumento potencial de llegadas en la frontera que resulten de la terminación del Título 42".
Dicha fuente subrayó que, a partir del 23 de mayo, los adultos indocumentados que entren a Estados Unidos de manera irregular serán "expulsados" mediante el Título 8, la normativa migratoria vigente antes de la pandemia.
"Aquellos que crucen la frontera sin autorización legal, serán puestos en procesos de deportación y, si no pueden acreditar su estancia legal en EEUU, serán devueltos", advirtió.
La principal diferencia entre normativas consiste en que el Título 8 obliga a las autoridades a trasladar a los indocumentados a centros de detención durante varias horas donde pueden pedir asilo, mientras que el Título 42 permite resolver la deportación en 15 minutos y sin espacio para el asilo.
