HOUSTON - El Título 42 es un programa que fue implementado en los Estados Unidos bajo la administración del expresidente Donald Trump, para expulsar a inmigrantes del país por razones de salud pública. Según las autoridades, el propósito del programa era evitar contagios de COVID-19.
El programa, que comenzó aproximadamente en marzo del año 2020, ha continuado en vigor desde entonces, a pesar de que Trump ya no está en el poder, y sigue siendo utilizado para remover miles de inmigrantes cada mes.
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Muchos de estos, son regresados a México, por haber ingresado a los Estados Unidos desde allí y, otros, son regresados a sus países de origen.
Como ocurrió con varias de las propuestas de la administración de Trump, la medida fue impugnada en las cortes y, recientemente, la Corte de Apelaciones del Circuito de Washington D.C., emitió una decisión que permite que la administración del presidente Biden -por el momento- continúe expulsando a familias de inmigrantes bajo el Título 42, siempre y cuando no sean regresadas a países donde puedan sufrir persecución o ser lastimadas.
Aunque a simple vista la decisión parece un golpe más a los inmigrantes, el efecto práctico podría resultar en un beneficio neto para la comunidad de inmigrantes que intenta buscar protección en los Estados Unidos.
La razón para esto es que bajo las reglas actuales del Título 42, las autoridades migratorias no están obligadas a seguir los protocolos para la remoción de inmigrantes, ya que las remociones bajo el mismo son catalogadas como “expulsiones” y no como “deportaciones”.
Aunque dichos términos suelen ser intercambiados con frecuencia, los mismos tienen serias diferencias legales. Por ejemplo, alguien que está sujeto a la expulsión bajo el Título 42 no tiene derecho a una entrevista de miedo creíble, mientras que alguien sujeto a un proceso de deportación sí.
En un mundo ideal, la Corte de Apelaciones debió decidir que todas las expulsiones bajo el Título 42 son ilegales, y hubiera puesto fin a la medida de una vez y por todas. Pero, en este mundo imperfecto en el que vivimos, me parece que la decisión no será tan negativa como parece.
El mayor problema que tenemos es que la misma no es clara en cuanto a lo que deberá hacer el gobierno para asegurarse de no expulsar a estas familias a lugares donde puedan ser perseguidas o lastimadas.
Y es que, como ya les expliqué, no hay derecho a entrevistas de miedo creíble en casos que envuelven expulsiones bajo el Título 42.
No obstante, algo es claro, y es que el gobierno tendrá que hacer algo para atender la directiva de la Corte. Por esta razón, pienso que el número de expulsiones se reducirá drásticamente luego de la decisión.
Curiosamente, el mismo día en que la Corte Apelativa emitió su decisión, un juez federal en Texas también emitió una decisión relacionada con el Título 42. En dicha decisión, el juez determinó que la administración de Biden no podía excluir a menores de edad no acompañados de ser expulsados bajo el Título 42, por el mero hecho de tener esos atributos.
La decisión fue justificada bajo reclamos del estado de Texas de que la política de excluir a menores del Título 42 le estaba costando demasiado dinero.
Sin embargo, el juez detuvo la implementación de su orden por un periodo de 7 días, para permitir que la administración de Biden apelara su decisión si así lo deseaba. De esta manera, si esta decisión llega a cobrar vigor, el gobierno tendrá que someter a menores no acompañados a expulsiones bajo el Título 42 también.
Como siempre les recuerdo, estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal. Si usted o algún conocido ha iniciado o piensa iniciar cualquier trámite migratorio, en especial aquellos discutidos aquí, les recomiendo que consulten con una abogada o abogado de inmigración con experiencia y debidamente admitido a ejercer las leyes, para que discutan los detalles de su caso. Por último, nunca confíen sus casos a notarios.
*Naimeh Salem es abogada certificada en Texas que ejerce el área de inmigración.
