HOUSTON - Un recluso de Texas que iba a ser el primero en ser ejecutado por el estado este año recibió una suspensión de un tribunal de apelaciones este jueves en la tarde.
Michael Dean Gonzales esta presto a recibir la inyección letal el martes por la noche por apuñalar de muerte a una pareja de ancianos durante un robo en su casa del oeste de Texas hace casi 30 años.
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Pero la Corte Criminal de Apelaciones de Texas concedió una solicitud de sus abogados para suspender su ejecución.
“Estoy muy complacido”, dijo Richard Burr, uno de los abogados de Gonzales, sobre el retraso en la ejecución.
La Oficina del Fiscal General de Texas, que está a cargo del enjuiciamiento del caso, no respondió de inmediato un correo electrónico en busca de comentarios.
El tribunal de apelaciones ordenó que el caso de Gonzales se devuelva al juez de primera instancia en Odessa para revisar las afirmaciones de que tiene una discapacidad intelectual y revisar las acusaciones de que los fiscales ocultaron pruebas en el caso. El Tribunal Supremo ha prohibido la ejecución de personas con discapacidad intelectual.
Los abogados de Gonzales alegan que su juicio de 1995 se caracterizó por mala conducta del fiscal, incluida la ocultación de la supuesta mala conducta por parte del investigador principal.
Gonzales, de 48 años, que era miembro de una pandilla llamada "Homies Don't Play", afirmó que no apuñaló a Manuel Aguirre, de 73 años, y a su esposa Merced, de 65 años, durante un asalto en su casa de Odessa en abril de 1994.
Merced Aguirre fue apuñalada al menos 57 veces mientras que su esposo fue apuñalado 11 veces, según documentos judiciales.
Los abogados de Gonzales aseguran que hay nuevas que exculpan al acusado, que vivía al lado de la pareja asesinada. Los homicidas serian otros dos pandilleros.
Sus abogados piden que se analicen las pruebas descubiertas recientemente, incluidas posibles manchas de sangre en una camisa usada por otro sospechoso y huellas dactilares.
“Sin esta oportunidad (para probar nuevas pruebas), existe una gran probabilidad de que el estado ejecute a una persona inocente”, dijo Burr a principios de esta semana.
Pero los fiscales dicen que se descubrió que Gonzales tenía artículos robados de la casa de la pareja, tenía un cuchillo consistente con las heridas de las víctimas y que confesó el dolo a un guardia de la cárcel.
La esposa de Gonzales testificó que lo ayudó a entrar a la casa de la pareja la noche de su muerte y cuando regresó, Gonzales tenía un cuchillo y sangre en la ropa.
“No hay evidencia más condenatoria que un relato de primera mano de que un asesino regresó a su casa ensangrentado sosteniendo un cuchillo y cargando pertenencias arrebatadas a los vecinos que mató. La nueva evidencia (de Gonzales) no hace nada en absoluto para socavar la evidencia de identidad o su culpabilidad”, dijo Erich Dryden, fiscal de la Oficina del Fiscal General de Texas, en documentos judiciales presentados el mes pasado.
Gonzales fue uno de varios reclusos cuyas sentencias de muerte fueron anuladas debido al testimonio de un experto de la fiscalía que dijo que la raza podría considerarse un factor para determinar si alguien debería recibir la pena de muerte.
En un nuevo juicio centrado solo en la sentencia, Gonzales fue condenado a muerte en 2009.
