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La presidenta Cristina Fernández anunció el lunes un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), en poder de la petrolera española Repsol, y el gobierno de España reaccionó de inmediato con anuncio de medidas contundentes contra Argentina.
Repsol dijo el lunes en un comunicado que la a medida anunciada es "manifiestamente ilícita y gravemente discriminatoria, que no se ha justificado de forma alguna la utilidad pública que se persigue con la misma y que supone un patente incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado argentino en la privatización de YPF.
Agregó que la empresa "se reserva expresa y plenamente todos los derechos y acciones que pudieran corresponderles conforme al derecho argentino, la normativa de valores de los mercados en que YPF cotiza y el derecho internacional, incluyendo el tratado de protección de inversiones Argentina-España".
Fernández afirmó al anunciar el proyecto el lunes que Argentina debe recuperar la "soberanía hidrocarburífera" y lograr el autoabastecimiento en materia de hidrocarburos.
El gobierno acusa a YPF de no realizar las inversiones necesarias, lo que es negado por la empresa, principal petrolera del país.
En Madrid, el canciller José Manuel García-Margallo dijo a la prensa que la decisión argentina quiebra el clima de cordialidad y amistad bilateral tradicional.
"La decisión que ha tomado el gobierno argentino es una decisión hostil contra Repsol, por tanto contra una empresa española, por tanto contra España y el gobierno España", dijo en rueda de prensa el ministro de Industria, José Manuel Soria. "España responderá con medidas claras y contundentes", afirmó. No informó sobre cuáles serán las medidas.
España es el primer inversor extranjero en Argentina por delante de Estados Unidos.
La inversión directa de España en el país sudamericano alcanzó los 23.242 millones de dólares en 2010, un 26,3% del total con respecto al 16,8% de Estados Unidos, según datos del Banco Central de la República Argentina.
